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Ley del Aborto
El Tibunal Constitucional ha decidido no dejar sin efecto la nueva Ley del Aborto, tal y como había solicitado el PP, que abogaba por suspenderla hasta que el Alto Tribunal tomara una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular y dio un plazo de tres días hábiles a las partes para presentar alegaciones sobre una posible suspensión de la entrada en vigor de la norma, que estaba prevista para el 5 de julio.
Durante ese plazo, la Mesa d
El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá este miércoles si suspende la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo conforme pidió el Partido Popular, que persigue paralizar la norma hasta que los magistrados resuelvan sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella.
El Constitucional estudiará este miércoles la cuestión, después de recibir las alegaciones al respecto del Congreso, el Senado y el Gobierno, y cuando la norma cumplirá sus primeros diez días de vigencia.
Varias comunidades aprovechan resquicios legales para coaccionar a las mujeres en su decisión de interrumpir el embarazo - El Gobierno no permitirá que se vulnere la ley.
El camino hacia el aborto en la nueva ley está lleno de piedras. Algunas grandes y difícilmente eludibles. Otras, pequeños guijarros. Todas dificultan el acceso a la prestación y contradicen el espíritu de la normativa: que solicitar la intervención sea algo sencillo y gratuito. Sin embargo, las maniobras disuasorias de algunas comunidades dificultan a sabiendas el camino a la mujer, y a ello se unen otros pequeños obstáculos. Trabas como la de Navarra, que aduce que el 100% de sus médicos son objetores y envía a abortar a otras regiones.
Una vez más la dirección nacional del partido popular ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a una ley aprobada en el Parlamento que afecta directamente a las mujeres. Se trata de la Ley sobra la Salud Sexual y Reproductiva y sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo que ha de entrar en vigor el próximo 5 de julio.
Y es que parece que aquellas mejoras legislativas que puedan mejorar la vida de las mujeres en cualquier ámbito o aspecto al parecer les produce urticaria y para sanarla han de llevarla al Tribunal Constitucional.
Los grupos ''provida'' ven un "atentado contra los derechos fundamentales", las asociaciones de mujeres respaldan la norma y las clínicas critican su desarrollo.
La nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, entrará en vigor mañana lunes 5 de julio, cuando se cumplen 25 años de la primera ley del aborto en España, y cuando aún está pendiente de resolución la cuestión previa de inconstitucionalidad planteada por el PP al Tribunal Constitucional.
Después de que el pasado miércoles el Alto Tribunal admitiese a trámite los recursos contra la ley
Tras superar un camino lleno de obstáculos, a partir del próximo lunes las mujeres españolas gozarán del derecho a decidir su maternidad.
El próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proceso, aun habiéndose finalizado en un plazo respetable, no ha estado libre de obstáculos. El resultado, como era de esperar, y a pesar de la acogida positiva por amplios sectores sociales, sigue contando con detractores y con reticencias acerca de sus últimos pasos por parte de quienes se ven afectados directamente en su profesión.
Los reglamentos recién aprobados dejan en sus manos la toma de decisiones sobre cuestiones insuficientemente definidas por el texto.
ACAI advierte ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Interrupción del Embarazo de la dificultad de cumplir con los requerimientos de los Decretos Ley publicados el pasado sábado. A su entender, estos decretos desarrollan el contenido de la ley desandando pasos frente a lo que parecía una apuesta valiente en el avance por los derechos reproductivos de las mujeres.
Desde ACAI consideran que la reglamentación, aprobada a última hora, atenta contra la garantía de asistencia, y de que esta sea gratuita, independientemente de la zona geográfica donde resida la mujer.
El Ministerio de Igualdad alega que así se refuerza la seguridad jurídica del personal sanitario, que los médicos lo habían pedido y que lo recomendó el Consejo de Estado.
El Gobierno ha dado marcha atrás en la regulación del aborto de las chicas de 16 y 17 años. En el Real Decreto que desarrolla la nueva ley, aprobado el pasado viernes, se establece que las menores, además de informar a sus padres de la decisión de abortar, deberán ir acompañadas por uno de sus progenitores
El Gobierno da marcha atrás.
Los facultativos valorarán los casos en que no se exige la firma de uno de los padres - Si la joven alega conflicto familiar, podrán pedir un informe psicológico.
Las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar pueden tomar libremente la decisión de hacerlo -hasta la semana 14, al igual que el resto de las mujeres-. Sin embargo, deberán presentar un documento que acredite que al menos uno de sus padres (o tutores) está informado. La chica podrá acudir a la clínica con ese representante legal o sola, siempre que presente ese texto junto con alguna documentación acreditativa (fotocopia del DNI de su madre, por ejemplo) que certifique que ese representante legal está informado.
Ha tardado, pero ha llegado.
